Encrucijada

Se acabaron los líderes que imponían las decisiones; hoy el reto es no provocar la fractura.

 
Cuando México decidió transitar de un sistema de partido casi único a uno donde la pluralidad ideológica se representara a través de otras fuerzas, sembró también un nuevo reto: ordenar la vida interna de las organizaciones políticas.
Hoy ya no hablamos de un partido, sino de los partidos, en plural; ya no tenemos una fuerza que impone su voluntad desde Los Pinos ni da instrucciones al Congreso; hoy todos los políticos y gobernantes están obligados a buscar los acuerdos y a negociar, incluso con las organizaciones apartidistas.
Somos testigos de lo complicado que es construir acuerdos y que los intereses partidistas frenan las reformas que necesita México; bueno, pues esta nueva realidad también llegó a la vida interna de PRI, PAN y PRD, que están aprendiendo a vivir, ordenarse y a negociar las expresiones de pluralidad que existen en sus filas.
Las determinaciones que toman para elegir a sus dirigentes, órganos de gobierno, candidatos a puestos de elección popular, definir plataformas o el sentido de una votación en el Congreso no siempre convencen ni satisfacen a la totalidad de sus militantes y seguidores, pero implican un esfuerzo mayor de cabildeo interno.
Los grupos líderes o las figuras de peso dentro de cada partido ya no pueden imponer ni dictar línea, tienen que convencer a otros, buscar aliados o “mayoritear” al adversario. Quizá por eso es más evidente la conflictividad que emana de las propias organizaciones políticas.
El proceso electoral de 2012 constituye un reto para los partidos y una oportunidad para evaluar su madurez política. Estarán bajo la presión del adversario, de las encuestas de popularidad, de las grillas, de los tiempos y nuevas reglas electorales, de las intenciones de imponer un candidato y de las experiencias aprendidas.
En el PRI, el pasado les enseñó que si se dividen y el grupo ganador no hace operación cicatriz ni suma a su contrincante, pierden. Basta recordar la competencia del 99 con los llamados Cuatro Fantásticos: Francisco Labastida, Manuel Bartlett, Humberto Roque y Roberto Madrazo, o la de 2005 cuando un grupo de gobernadores encabezado por Arturo Montiel y Natividad González Parás crearon el Todos Unidos contra  Madrazo (Tucom)  para frenar las aspiraciones presidenciales del tabasqueño.
Hoy, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones no se exponen a una ruptura pública, al contrario, se presentan juntos en los foros organizados por la Fundación Colosio.
El PAN inició su proceso de selección con siete aspirantes, cuatro del gabinete del Presidente, un escenario sin precedentes en la historia del partido. El retiro de tres secretarios de Estado y un gobernador no favorecidos en los sondeos de popularidad logró decantar la lista a tres: Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel.
La militancia panista rechaza la imposición presidencial y hoy, la dirigencia y sus aspirantes se encuentran entrampados en el método de selección.
En el PRD el reto será conciliar los intereses de quienes apoyan a Andrés Manuel López Obrador y de los que impulsan a Marcelo Ebrard, o contener la desbandada cuando el tabasqueño decida que él será el candidato de PT y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia).
Y mientras los partidos resuelven sobre la marcha la encrucijada que les impone la nueva realidad, el miércoles 19 vence el plazo para que notifiquen al IFE el método de selección de su candidato a la Presidencia, a partir de ahí ya no hay marcha atrás.
                Subdirectora editorial de Excélsior
                fabiola.guarneros@nuevoexcelsior.com.mx
                Twitter: @Fabiguarneros

Publicado el 16 de octubre. Les dejo la liga:
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=775112 

La excusa

La pluralidad política no es la que bloquea los acuerdos ni detiene la construcción del México democrático.

El camino andado por México en la construcción de su democracia ha sido sinuoso, sujeto a intereses partidistas, a las ambiciones de poder y a la necesidad de dar respuesta a los problemas de gobernabilidad que se van presentando.
Los conflictos en los partidos y la falta de acuerdos han detenido, muchas veces, la marcha o propiciado que se den pasos hacia atrás, pero en el trayecto se han impulsado una serie de reformas legales y constitucionales que han permitido superar un sistema hegemónico para darle vida y representación a la pluralidad.
La primera reforma en ese sentido se dio en 1977, cuando Jesús Reyes Heroles impulsó cambios legales para permitir la entrada de nuevos partidos al escenario electoral y modificar la fórmula de conformación de la Cámara de Diputados; el objetivo era responder a la entonces realidad de ese México.
Con el paso del tiempo y el andar político, esa reforma no fue suficiente y fueron necesarias muchas más, por ejemplo, las que crearon el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral, se volvió a modificar la fórmula de integración de la Cámara de Diputados y se incluyó al Senado; se legisló para que el regente capitalino ya no fuera designado por el Presidente de la República y el Distrito Federal tuviera un gobierno electo, igual que las delegaciones.
Es decir, hemos caminado y resuelto realidades. Hoy tenemos necesidad, desde la óptica de los partidos, de una reforma política que permita la reelección de los legisladores, las candidaturas ciudadanas, la consulta popular, la iniciativa preferente, una cláusula de gobernabilidad para la Asamblea Legislativa, y que nos diga qué hacer cuando haga falta el Presidente de la República o su toma de protesta no pueda darse en el Congreso de la Unión.
Hace falta una modificación legal, dicen los políticos, para otorgar la facultad de veto al jefe del Ejecutivo cuando no esté de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por los diputados y otro ajuste a las leyes para permitir la reconducción presupuestal.
Esta reforma política fue planteada como otra oportunidad para devolverle una parte del poder al ciudadano, ordenar las instituciones y garantizar la gobernabilidad en cualquier escenario electoral. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no llegan los acuerdos? ¿Por qué el Senado aprueba una cosa y los diputados otra? ¿Por qué vemos a los líderes de los partidos Gustavo Madero, Humberto Moreira y Jesús Zambrano en actitud contestataria y defensiva en lugar de propositiva?
La explicación más cómoda se la achacan a la pluralidad. Sí, hoy es más difícil conseguir los acuerdos porque hay más partidos, porque nadie tiene mayoría, porque las ideas se expresan libremente, porque el Presidente que marcaba la “línea” ya no tiene ese poder.
El escenario es más complicado porque cada partido tiene su propia visión de país, porque al interior de las fuerzas políticas hay grupos que se disputan el poder, las decisiones que se toman están pensadas en la elección de 2012, y porque están ocupados en sus procesos internos.
Pero los genuinos intereses partidistas no pueden bloquear el camino que consolida la democracia ni ignorar que construimos un sistema político donde la pluralidad ideológica que existe puede expresarse, recrearse, competir y convivir de manera institucional y ordenada.
La agenda de pendientes está saturada y de no atenderla se puede poner en riesgo lo que hemos construido. La pluralidad de ideas no es la culpable de que no lleguen los acuerdos.
Subdirectora editorial de Excélsior
 fabiola.guarneros@nuevoexcelsior.com.mx
Twitter: @Fabiguarneros

Publicado el 9 de octubre en Excélsior. Les dejo la liga:
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=773598 

Derecho a la vida

No basta con pronunciarse a favor de la vida si el Estado no genera las condiciones mínimas de desarrollo y bienestar para sus ciudadanos.

 En los últimos días hemos escuchado argumentos a favor y en contra de despenalizar el aborto; políticos, académicos, representantes populares, comunidad científica, hombres de leyes, organismos de derechos humanos, todos han dado su definición de vida y de cuándo empieza. Se han pronunciado, también, por respetar el derecho de la mujer a decidir.
Sin embargo, el derecho a la vida no debiera limitarse a un debate jurídico, científico o moral, mucho menos político, sobre en qué momento inicia la vida o quién puede y por qué interrumpirla; tampoco tendría que ser un tema que polarice a la sociedad, hay que ir más allá y reflexionar por qué defendemos la vida, para qué y qué tipo de vida queremos.
El derecho a la vida implica calidad, el tener asegurados otros derechos como la educación, salud, empleo, seguridad, justicia y una vivienda digna.
Los legisladores y gobernantes están obligados a garantizar esos derechos y a estudiar las causas de por qué una mujer decide interrumpir un embarazo; generalmente, su determinación está ligada a condiciones de pobreza, abuso o abandono.
Hay que defender la vida, sí, pero con calidad. No basta con pronunciarse a favor de la vida si el Estado no genera las condiciones mínimas de desarrollo para sus ciudadanos.
En este tema hay muchas verdades, argumentos válidos para despenalizar el aborto y otros, igual de convincentes, para proteger la vida desde la concepción.
Interrumpir un embarazo es una decisión personal, producto de una valoración de circunstancias que pueden ser médicas (malformaciones genéticas, riesgo de vida del producto o de la madre), sociales y económicas (violación, desempleo, pobreza o abandono), pero la mujer o la pareja no viven aislados, están insertos en una sociedad, son ciudadanos de un país, con un gobierno, con leyes e instituciones que tutelan sus derechos y obligaciones.
Por eso este debate incluye al Estado, que tiene que preguntarse cómo está respondiendo a las necesidades de información, bienestar, salud reproductiva, educación, empleo y desarrollo de sus habitantes.
¿Y los legisladores, qué alternativas le dan a la mujer que decide interrumpir un embarazo porque las políticas públicas no son suficientes para garantizar calidad de vida?, ¿la condenan a practicarse abortos clandestinos poniendo en riesgo su vida o a ir a prisión porque no quiso un producto de una violación o porque no tiene un empleo para mantenerlo?
O una mujer que recurre a un método de fecundación in vitro para poder tener hijos, ¿tiene que ir a la cárcel si vive en Baja California?
Las cifras nos muestran que la sociedad mexicana no está en contra de la vida: 63 mil interrupciones  legales del embarazo se han practicado desde 2003 en nuestro país.
Este debate es un tema pendiente en nuestra sociedad y surge cada que un Congreso local, en este caso Baja California y San Luis Potosí, prohíbe y penaliza el aborto o protege la vida desde el inicio de la concepción.
El tema se vuelve polémico y hasta político-electoral, pero sigue pendiente el debate de fondo, porque el que vimos en días pasados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se limitó a una interpretación meramente legal. Se condena a los ministros o se espera mucho de ellos, cuando ahí sólo se determinó la facultad de los estados para legislar sobre los temas que no están expresamente determinados por la Constitución Federal.
La vida se respeta cuando se garantizan todos los derechos que permiten el desarrollo de un país, la convivencia, la paz social y el bienestar de los ciudadanos.
  *Subdirectora editorial de Excélsior
 fabiola.guarneros@nuevoexcelsior.com.mx
Twitter: @Fabiguarneros

Publicado el 2 de octubre en Excélsior. Les dejo la liga:
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=771993