La mañana del jueves 23 de junio de 2011, en el Castillo de Chapultepec, un numeroso grupo de ciudadanos mostró el dolor de un México herido por el crimen organizado y lastimado por la omisión de las autoridades, más bien del Estado, el responsable de garantizar la seguridad y la paz para todos sus ciudadanos.
¿Se acuerdan? Hablo de aquella reunión en la que las víctimas fueron representadas por Javier Sicilia, Julián LeBarón, Araceli Rodríguez Nava, María Elena Herrera y Norma Ledezma, y las autoridades, por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala, la que fuera procuradora Marisela Morales y los entonces secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entre otros funcionarios de ese gabinete.
Aquel histórico encuentro —lo califico así porque no se había dado uno igual, en donde los ciudadanos de a pie encararan y reclamaran de tal forma a las autoridades— inició con un minuto de silencio por los muertos, las víctimas inocentes de la guerra contra el crimen organizado.
Javier Sicilia dijo a Calderón: “Ustedes son responsables de las 40 mil víctimas de la guerra contra el crimen. Está obligado a pedir perdón por los muertos”. Ese día el poeta, quien perdió un hijo en la que llamó “una guerra atroz”, pidió la creación de una comisión ciudadana de la verdad, un nuevo modelo de justicia y un nuevo sistema político.
Cuando terminó Sicilia, Felipe Calderón le preguntó si en verdad creía que todo era culpa del gobierno, si no le habían hablado de Los Zetas y de los grupos criminales durante su caravana, si realmente creía que replegando a las fuerzas federales el crimen dejaría de secuestrar, extorsionar y generar violencia. Le dijo que la disputa de cárteles contra cárteles es lo que genera la violencia y encuentra complicidad en autoridades corruptas.
Felipe Calderón admitió que había que pedir perdón, pero por no haber protegido a las víctimas inocentes. No pediría perdón por actuar; que si de algo se arrepentía era de no haber empezado antes la guerra contra el crimen.
María Elena Herrera —madre de cuatro hijos desaparecidos, dos de ellos secuestrados en Veracruz— denunció que la PGR y García Luna no le habían hecho caso. Les dijo algo cierto, que cuando yo lo escuché me estremeció: “…en México, las víctimas primero tenemos que superar el miedo, después la humillación de las autoridades…”
Al salir de esa reunión, Julián LeBarón —quien perdió en Chihuahua a su hermano y a un amigo, los dos, activistas contra el secuestro— anunció la continuación de una caravana de ciudadanos que recorrería todo el país en busca de más víctimas del crimen organizado.
En 2011 hablaban de 40 mil muertos; hoy se dice que la cifra superó los 60 mil o más. Esa mañana de junio, sin tenerlo del todo claro, se esbozó lo que hoy es la Ley General de Víctimas, una legislación que también nació atropellada, primero vetada por Calderón, luego publicada por Enrique Peña Nieto con un sinnúmero de imprecisiones y omisiones que obligaron al Senado a confeccionar una nueva con 150 cambios, aprobados el pasado jueves 21 de marzo.
La caravana de esta nueva ley aún no concluye, pues tendrá que esperar la aprobación final de la Cámara de Diputados y sortear un nuevo obstáculo: ¿De dónde saldrán los recursos para crear, por ejemplo, el fondo económico de protección a las víctimas? El documento aprobado por los senadores dice que la federación y los estados tendrán que destinar recursos etiquetados para este fin. Insisto en la pregunta: ¿De dónde saldrá el dinero si los estados están endeudados, como Coahuila, y algunos en banca rota, como Tabasco, con el reciente fraude del ex gobernador Andrés Granier?
Y aunque tuvo que pasar un año nueve meses para darle, por lo menos, seguridad jurídica a las víctimas del delito, hoy podemos decir que gracias al activismo de ciudadanos como Javier Sicilia, Alejandro Martí y María Elena Morera, hoy hay una ley que protege a las víctimas o a los familiares de los muertos y desaparecidos, pero falta camino por andar.
Les comparto el enlace:
Víctimas 2013/03/24 | Excélsior
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