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Autodefensas en Michoacán (foto publicada en Excélsior)
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23 de abril de 2012

2012

2011 nos mostró un México violento y corrupto.

Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas… que cambiaron la percepción del país en el que nací y vivo.
La llegada de 2012, el año de los cambios, nos obliga a tener presentes los sucesos que enlutaron a México y nos mostraron una realidad que se callaba por miedo, por no saber cómo enfrentarla o, lo peor, porque dejaba al descubierto una red de complicidades entre autoridades, políticos y crimen organizado.
2011 fue un año de enseñanzas difíciles. Las fosas clandestinas halladas en Tamaulipas y Durango, donde encontraron 193 y 246 cuerpos, respectivamente, nos mostraron una problemática poco atendida por las autoridades: la desaparición, maltrato y extorsión de los migrantes nacionales y extranjeros que buscaban cruzar el país de sur a norte.
El año que terminó fue uno de los más violentos. El crimen organizado respondió a la guerra que le declaró el gobierno federal con ataques a la población y tirando cadáveres por todo el país para generar temor entre los habitantes. Las autoridades federales calificaron, incluso, como actos terroristas las acciones de los grupos criminales.
El 25 de agosto, justo a la hora de la comida, 12 sujetos ligados a la organización de Los Zetas incendiaron un casino en Monterrey, para asustar a los dueños que se negaban a pagar la cuota de extorsión. Murieron 52 personas. Este acontecimiento también exhibió el chantaje que Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, realizaba a los dueños del establecimiento.
Veracruz, Sinaloa y Jalisco fueron escenarios de matanzas. En Boca del Río, el 20 de septiembre fueron arrojados 35 cadáveres frente a un centro comercial; el 25 de noviembre en Culiacán fueron hallados en un automóvil 16 cuerpos calcinados, y al día siguiente, el 26 de noviembre en Guadalajara, el crimen organizado abandonó 26 cuerpos en tres camionetas.
Seis alcaldes murieron víctimas de la delincuencia organizada: Saúl Vera, de Zaragoza, Coahuila; Abraham Ortiz Rosales, de Temoac, Morelos; Luis Jiménez, de Santiago Amoltepec, Oaxaca; Fortino Cortés, de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas; José Eduviges Nava, de Zacualpan, Estado de México, y Ricardo Guzmán, de la Piedad, Michoacán.
Apenas, el 22 de diciembre, en la carretera Tempoal-Pánuco, en la zona fronteriza con Tamaulipas, otro grupo criminal atacó a tres autobuses con pasajeros. El saldo: 16 muertos, 11 civiles y cinco presuntos atacantes.
Otra revelación que trajo el 2011 fue el nivel de penetración del crimen organizado en la política y procesos electorales. El presidente Felipe Calderón declaró que en la elección en Michoacán, el crimen organizado amenazó y bajó a más de 50 candidatos locales.
Fue el año de Presunto Culpable y Miss Bala, retratos de nuestro fallido sistema de procuración de justicia.
En el terreno político también hubo lecciones, como la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados para designar a tres consejeros del IFE. Después de 14 meses, en la última sesión del año, el 15 de diciembre, se dieron los nombramientos; mientras tanto, la autoridad electoral se aprobó un bono de 150 mil pesos extra para cada consejero, a fin de compensar la carga de trabajo.
Vinieron los destapes presidenciables e inició el proceso electoral con nuevas reglas que definen lo permitido y lo prohibido en periodos de precampaña, pero que dejan en libertad a los candidatos únicos de hacer lo que quieran, porque no se contempló en la ley esa figura, salvo el impedimento de aparecer en spots de radio y televisión.
Los hechos del 2011 nos obligan a pensar qué tipo de país queremos reconstruir, sobre todo cuando tenemos en puerta la elección presidencial y la renovación del Congreso de la Unión, el próximo 1 de julio del 2012.
Yo no olvido al año viejo...
        *Subdirectora editorial de Excélsior
            Twitter: @Fabiguarneros

 Publicado el 1 de enero de 2012, les comparto la liga:

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=798393

19 de abril de 2012

Tierra Caliente

En Michoacán la omisión también es complicidad.

Desde el 15 de septiembre de 2008, cuando el crimen organizado arrojó dos granadas de fragmentación en pleno festejo por la Independencia de México, Michoacán perdió el control de su seguridad, de sus corporaciones policiacas y de sus funcionarios. Sus autoridades cedieron terreno al crimen organizado por complicidad y omisión.
Los michoacanos han tenido que adaptarse para vivir, trabajar y formar familias en una entidad donde las extorsiones se volvieron cotidianas, se desconfía de los policías y de las autoridades municipales, se levantan muertos, se oyen tiroteos, se queman vehículos y se cierran carreteras, como sucedió en diciembre de 2010 en Apatzingán, Morelia, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Zinapécuaro, Uruapan, Mújica, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas.
El próximo domingo 13, esos mismos michoacanos acudirán a las urnas para elegir gobernador, 40 diputados locales y 113 alcaldes. La tierra está caliente y el electorado enojado.
La violencia y los asesinatos impunes siguen. El miércoles mataron al alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán, le dispararon con una escopeta mientras repartía propaganda electoral de la candidata panista al gobierno del estado, Luisa María Calderón, hermana del presidente Felipe Calderón.
En México han asesinado a 32 alcaldes, de 2008 a la fecha, cinco de ellos en Michoacán.
¿Por qué las autoridades federales y estatales no asumen que en Michoacán hay un problema de seguridad que se evidenció con los llamados granadazos del 15 de septiembre en Morelia?
En ese estado no sólo hay balaceras, muertes, producción y tráfico de droga, también hay corrupción y complicidad entre autoridades y crimen organizado, pero lamentablemente no pasa nada. No hay justicia ni castigo, como sucedió en el 2009 cuando la Policía Federal y el Ejército detuvieron a 11 presidentes municipales, 16 funcionarios y a un juez acusados de tener nexos con el crimen organizado. Nada pudo comprobarse y hoy todos están libres por falta de pruebas.
Está el caso del medio hermano de Leonel Godoy, gobernador de Michoacán. A Julio César Godoy Toscano, actualmente prófugo, la Secretaría de Seguridad Pública lo acusó en 2009 de lavado de dinero y de tener vínculos con el grupo criminal de La Familia Michoacana.
La complicidad con esa organización delictiva se demostró un año después, en 2010, cuando la PGR difundió unas conversaciones telefónicas entre Godoy Toscano y uno de los líderes de La Familia, Servando Gómez, alias La Tuta.
Después vinieron los cierres de carreteras, los incendios, los bloqueos y Michoacán pasó del yugo de La Familia Michoacana al de Los Caballeros Templarios.
Con el terrible y lamentable asesinato del alcalde de La Piedad, los criminales dieron una señal más de su nivel de penetración en procesos electorales. Ya no se conforman con financiar de manera ilegal algunas campañas, ahora también pretenden mandar mensajes de miedo para amedrentar a la sociedad, a las autoridades y a los partidos políticos, ya lo vimos con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura de Tamaulipas, por la alianza PRI, PVEM y Panal.
En esa tierra caliente de Michoacán hay mucho por limpiar y su gobernador Leonel Godoy tiene mucho qué explicar. La omisión también es complicidad y eso cuenta para el próximo gobernador o gobernadora, para los futuros alcaldes y diputados locales.
 Los michoacanos esperan respuestas, no son ciudadanos pasivos y el domingo 13 acudirán a las urnas y con su voto castigarán a quien les falló.
                Subdirectora editorial de Excélsior
                fabiola.guarneros@nuevoexcelsior.com.mx
                Twitter: @Fabiguarneros

 Publicado el 6 de noviembre de 2011, les dejo la liga:

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=780810