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Autodefensas en Michoacán (foto publicada en Excélsior)
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23 de abril de 2012

2012

2011 nos mostró un México violento y corrupto.

Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas… que cambiaron la percepción del país en el que nací y vivo.
La llegada de 2012, el año de los cambios, nos obliga a tener presentes los sucesos que enlutaron a México y nos mostraron una realidad que se callaba por miedo, por no saber cómo enfrentarla o, lo peor, porque dejaba al descubierto una red de complicidades entre autoridades, políticos y crimen organizado.
2011 fue un año de enseñanzas difíciles. Las fosas clandestinas halladas en Tamaulipas y Durango, donde encontraron 193 y 246 cuerpos, respectivamente, nos mostraron una problemática poco atendida por las autoridades: la desaparición, maltrato y extorsión de los migrantes nacionales y extranjeros que buscaban cruzar el país de sur a norte.
El año que terminó fue uno de los más violentos. El crimen organizado respondió a la guerra que le declaró el gobierno federal con ataques a la población y tirando cadáveres por todo el país para generar temor entre los habitantes. Las autoridades federales calificaron, incluso, como actos terroristas las acciones de los grupos criminales.
El 25 de agosto, justo a la hora de la comida, 12 sujetos ligados a la organización de Los Zetas incendiaron un casino en Monterrey, para asustar a los dueños que se negaban a pagar la cuota de extorsión. Murieron 52 personas. Este acontecimiento también exhibió el chantaje que Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, realizaba a los dueños del establecimiento.
Veracruz, Sinaloa y Jalisco fueron escenarios de matanzas. En Boca del Río, el 20 de septiembre fueron arrojados 35 cadáveres frente a un centro comercial; el 25 de noviembre en Culiacán fueron hallados en un automóvil 16 cuerpos calcinados, y al día siguiente, el 26 de noviembre en Guadalajara, el crimen organizado abandonó 26 cuerpos en tres camionetas.
Seis alcaldes murieron víctimas de la delincuencia organizada: Saúl Vera, de Zaragoza, Coahuila; Abraham Ortiz Rosales, de Temoac, Morelos; Luis Jiménez, de Santiago Amoltepec, Oaxaca; Fortino Cortés, de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas; José Eduviges Nava, de Zacualpan, Estado de México, y Ricardo Guzmán, de la Piedad, Michoacán.
Apenas, el 22 de diciembre, en la carretera Tempoal-Pánuco, en la zona fronteriza con Tamaulipas, otro grupo criminal atacó a tres autobuses con pasajeros. El saldo: 16 muertos, 11 civiles y cinco presuntos atacantes.
Otra revelación que trajo el 2011 fue el nivel de penetración del crimen organizado en la política y procesos electorales. El presidente Felipe Calderón declaró que en la elección en Michoacán, el crimen organizado amenazó y bajó a más de 50 candidatos locales.
Fue el año de Presunto Culpable y Miss Bala, retratos de nuestro fallido sistema de procuración de justicia.
En el terreno político también hubo lecciones, como la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados para designar a tres consejeros del IFE. Después de 14 meses, en la última sesión del año, el 15 de diciembre, se dieron los nombramientos; mientras tanto, la autoridad electoral se aprobó un bono de 150 mil pesos extra para cada consejero, a fin de compensar la carga de trabajo.
Vinieron los destapes presidenciables e inició el proceso electoral con nuevas reglas que definen lo permitido y lo prohibido en periodos de precampaña, pero que dejan en libertad a los candidatos únicos de hacer lo que quieran, porque no se contempló en la ley esa figura, salvo el impedimento de aparecer en spots de radio y televisión.
Los hechos del 2011 nos obligan a pensar qué tipo de país queremos reconstruir, sobre todo cuando tenemos en puerta la elección presidencial y la renovación del Congreso de la Unión, el próximo 1 de julio del 2012.
Yo no olvido al año viejo...
        *Subdirectora editorial de Excélsior
            Twitter: @Fabiguarneros

 Publicado el 1 de enero de 2012, les comparto la liga:

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=798393

12 de septiembre de 2011

Palabras y Poderes


Hay palabras que pesan demasiado y son incómodas, pero no son las frases ni los señalamientos los que crean inestabilidad en el país; ésta se alimenta de la impunidad, de la corrupción y de la desigualdad social.
Las palabras transformadas en acusaciones, sin pruebas, generan encono, resentimiento, confrontación; pero son los hechos y las omisiones lo que llevan al país a perder el estado de derecho.
En los últimos días hemos visto al Poder Ejecutivo cuestionar la actuación del Poder Judicial. El presidente Felipe Calderón ha pedido evaluar el desempeño de los jueces y ha señalado que algunos fomentan la impunidad y la corrupción.
La Suprema Corte se ha defendido y su presidente, Juan Silva Meza, le ha pedido que sustente los presuntos actos de corrupción. Apenas, el martes, el Consejo de la Judicatura Federal dijo a Calderón que cuestionar el trabajo de los jueces por consigna y sin pruebas atenta contra la estabilidad nacional.
En nuestro tránsito hacia la democracia hemos dejado atrás Poderes autoritarios y otros sumisos; estamos construyendo el equilibrio, el sistema de frenos y contrapesos, por eso hoy vemos a dos de ellos ventilar sus diferencias en público, expresar sus desacuerdos y lanzarse acusaciones.
¿Cuál debiera ser el debate de fondo? Sin duda, la revisión de nuestro sistema de justicia. Cuestionarnos cuáles son las deficiencias perennes. ¿Es obsoleta la legislación que tenemos? ¿Qué  es lo que falla, la integración de expedientes que se entregan a la autoridad judicial o el criterio de los jueces?
El presidente Calderón  tiene razón cuando dice que está cansado de la actuación de los jueces: “Uno los agarra y los agarra (a los delincuentes) y los sacan y los sacan”.
Pero también los jueces están en lo correcto cuando señalan que no todos los expedientes llegan bien integrados ni con las pruebas suficientes.
Pero entre una y otra verdad, los hechos le dicen al ciudadano que algo anda mal, que no hay castigo para los delincuentes ni existe la justicia en México.
Los hechos: liberación del asesino confeso de Rubí, hija de la activista Marisela Escobedo, asesinada en Chihuahua; la de Jorge Hank Rhon, a quien se le encontraron 88 armas en su casa, porque no se integró bien el expediente; Greg Sánchez abandona la prisión porque PGR no entregó pruebas suficientes para acreditar lavado de dinero y delincuencia organizada, y lo mismo pasó con los 11 presidentes municipales de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Uno de los responsables del incendio del Casino Royale, en Monterrey, ya había sido detenido por robo con violencia y fue liberado por un juez, y Néstor Moreno Díaz, ex funcionario de CFE acusado de enriquecimiento ilícito, obtuvo un amparo para no ser encarcelado.
A Antonio Zúñiga, el presunto culpable, lo condenaron a prisión por la penosa actuación del Ministerio Público y del juez, a pesar de ser inocente. Y como éstos, hay miles de casos.
Son los resultados en materia de procuración e impartición, los que señalan las deficiencias de nuestro sistema de justicia y los que generan la inestabilidad.
El llamado es a revisar dónde está la falla e involucra al Poder Legislativo, que en este intercambio de acusaciones entre Ejecutivo y Judicial guardó silencio.
La solución está en la corresponsabilidad.

Aquí la liga:

 Publicado el domingo 11 de septiembre en Excélsior

5 de marzo de 2011

Y después de Presunto Culpable ¿qué sigue?

Cuando me senté en la butaca ya traía puesta una idea, la de los derechos de los involucrados en el documental Presunto Culpable y los míos.
Sí, mientras compraba mi boleto en la taquilla y caminaba hacia la sala pensaba...
José Antonio Zúñiga tiene derecho a contarle al mundo la injusticia que se cometió en su contra, cuando lo condenaron por un homicidio que no cometió.
Layda Negrete y Roberto Hernández, los dos abogados y ahora documentalistas, también tienen derecho a difundir sus investigaciones sobre el sistema judicial mexicano.
Víctor Daniel Reyes, el testigo que incrimina a José Antonio Zúñiga y solicitó un amparo para que RTC suspenda el permiso de exhibición del documental, tiene derecho a la privacidad y a proteger su integridad física.
¿Mi derecho? Ver el documental.
Así, convencida de mis argumentos me senté a ver Presunto Culpable.
En 87 minutos vi escenas, escuché frases, se me clavaron rostros, actitudes, muecas y realidades de un juzgado y un reclusorio en el Distrito Federal, en el que lo que menos importa es probar la inocencia de alguien.
En ese mini botón del sistema judicial mexicano vi claramente cómo un juez, una agente del Ministerio Público y unos judiciales se  vuelven muéganos de la apatía, de la trampa y del abuso de poder.
"Ya te agarré y ya te chingaste", dice uno de los judiciales a Jose Antonio. Un agente lleno de tics y gesticulaciones raras de rostro y cabeza, y que en el careo no le da la cara al acusado.
-¿Por qué me acusa?-, le pregunta José Antonio a la agente del Ministerio Público, una señora que se la pasa bostezando en las audiencias.
-Pues porque es mi chamba-, responde la agente del MP con una risa cínica que pareciera que acompaña el "obvio" que se queda en su mente.
Vi a un Víctor Daniel Reyes caer en contradicciones, acusar a alguien sin pruebas, pero sí con la presión de tres agentes judiciales que lo levantaron y lo metieron a los separos para que en su tercera declaración incriminara a José Antonio.
Hoy, entiendo su miedo y comprendo por qué solicitó el amparo para detener la exhibición de Presunto Culpable.
En el documental, el juez que condena dos veces a José Antonio se auto retrata con sus gestos, con su mirada, con la forma en como lleva el juicio y en su afán por no permitir las preguntas del abogado defensor, Rafael Heredia.
¿Cómo vi a Jose Antonio? Como un joven que se sabía inocente pero que se atormentaba y castigaba a sí mismo por una idea que en una ocasión le pasó por la cabeza, y ahora Dios se la cobraba.
¿Por qué cuando no hay una respuesta lógica, la impotencia te hace buscar castigos divinos? ¿Por qué nos culpamos por pensar, desear, maldecir..?
"No quiero tomar decisiónes movido por el miedo", frase de José Antonio cuando decide apostarle nuevamente a su destino.
87 minutos en los que mis emociones hicieron de las suyas. Sí, danzaron las lágrimas, el enojo, la frustración, el asombro, la tristeza, el coraje...
Ya sabemos que hay jueces corruptos, judiciales prepotentes que abusan de su autoridad, ministerios públicos que sólo hacen su chamba y revelan en el rostro la frustación de su vida, cárceles hacinadas, corrupción en los penales, sí, ya lo sabemos, pero ¿por qué lo seguimos permitiendo?
Presunto Culpable no está de moda ni es políticamente correcto verla, es una denuncia más, un esfuerzo que se agradece para despertar mentes y cuerpos indiferentes. Pero después, ¿qué sigue?

¿Y la otra víctima, Juan Carlos Reyes Pacheco, el joven asesinado? ¿Él no merece que se castigue a su verdadero asesino? ¿Su familia no tiene derecho a que se meta a la cárcel al asesino
Con un juez, una MP, unos judiciales y un abogado que falsificó su cédula, como los que le tocaron a José Antonio, yo creo que no importa hacer justicia.



3 de marzo de 2011

Las cifras del documental Presunto Culpable

El miércoles terminanos el día con una noticia que indignó a muchos: Una juez ordenó la suspensión provisional de la exhibición de Presunto Culpable.
La Secretaría de Gobernación, a través de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) tenía que acatar el fallo de la juez y retirar la cinta de las salas de cine.
Resulta que el testigo que aparece en el documental y que incriminaba al "presunto culpable" interpuso un amparo por considerar que la exhibición de la cinta pone en riesgo su integridad física, además de que no había autorizado que su imagen y testimonio salieran en el documental.
La juez otorgó la suspensión provisional, que no el amparo aún.
Y mientras esto se resuelve, les comparto las cifras:

-Hasta el miércoles 2 de marzo, el documental ha sido visto por más de 480 mil personas y ha generado más de 22 millones de pesos en taquilla.
-El viernes pasado Presunto Culpable se estrenó en 15 ciudades más.
-En su primer fin de semana, se colocó como el segundo mejor estreno y el segundo mejor documental, incluso por arriba de la película  El Discurso del Rey.
- Se estrenó el 18 de febrero con 130 copias.
Fuente: Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, quien se encargó de la distrubición de la cinta.



Aquí van los comunicados íntegros de Gobernación, Cinépolis (distribuidora del documental) y del Consejo de la Judicatura:


1.
Comunicado-- La Secretaría de Gobernación informa sobre la suspensión provisional concedida
Boletín 69
México, D.F., 02/03/2011

La Secretaría de Gobernación informa sobre la suspensión provisional concedida por la Juez Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal para el efecto  de que esta autoridad prohíba la proyección, distribución y publicidad de la película documental “Presunto Culpable”, en el juicio de amparo 171/2011 promovido por Víctor Manuel Reyes Bravo, quien fuera primo de la víctima de homicidio y el único testigo de la comisión del delito -tema central de la película-, en contra de la autorización emitida por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía para su exhibición.
Al respecto, se hace del conocimiento público que a pesar de que no se comparte el criterio de la Juez que concedió al quejoso la suspensión, pues  la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía carece de atribuciones para llevar a cabo la prohibición que le requiere la Juez de Distrito; en estricto cumplimiento a esta resolución, la Secretaría de Gobernación la acatará en el momento procesal oportuno y ejercerá su derecho a acudir a las vías de impugnación que prevé la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contra esta determinación judicial.
La Secretaría de Gobernación reitera su respeto al ejercicio del derecho de acceso a la información y de libertad de expresión de las personas, así como su compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales".

2.
Palabras de Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis
Distribuidor de Presunto Culpable
México, D.F. a 03 de marzo de 2011

Hace 2 años, durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, tuvimos la oportunidad de ver por primera vez la película documental “Presunto Culpable”.  Desde aquél entonces supimos que acabábamos de presenciar no solo una gran película, sino un testimonio genuino, real y crudo de la manera en que funciona el sistema de justicia en México.  Mis palabras para Roberto Hernández y Layda Negrete, directores y productores de la película fueron que contaban con Cinépolis para lo que se les ofreciera y que esperábamos que la película encontrara un distribuidor.  Meses más tarde Roberto y Layda me contactaron para ofrecernos que Cinépolis tomara la película para distribución.  Dada la importancia del documento y de la trascendencia que podía marcar para la vida pública del país, decidimos aventurarnos en este proyecto a pesar de que Cinépolis no es una empresa de distribución, sino una empresa de exhibición.  Nuestra apuesta fue la de armar una gran campaña de lanzamiento para que la película fuera vista por la mayor cantidad de mexicanos posible.  A esta campaña se fue sumando mucha gente, muchas instituciones y muchas organizaciones que, de manera desinteresada y voluntaria, creyeron en el proyecto y lo han visto como una herramienta de cambio.
El pasado 18 de febrero la película estrenó con 130 copias en las principales ciudades del país.  La respuesta de la gente ha sido sorprendente.  En su primer fin de semana se colocó como el 2º mejor estreno y como la 2ª mejor película con el mejor promedio de asistentes por copia, arriba inclusive de El Discurso del Rey, ganadora del Oscar.  El viernes pasado la película se estrenó en 15 ciudades más para poder atender a las múltiples solicitudes de exhibición.  Hasta el día de ayer miércoles, después de 13 días de exhibición, la película ha sido vista por más de 480 mil espectadores y ha generado más 22 millones de pesos en taquilla.  No cabe duda que esta película se perfila para convertirse en la película documental más exitosa de todos los tiempos.  Más aún, la respuesta de la sociedad ha convertido a Presunto Culpable en parte del debate público, tanto en la realidad que refleja como en las propuestas que plantea.
Los acontecimientos de ayer en donde la Juez 12ª de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal otorga una orden de suspensión provisional a la película “Presunto Culpable” nos llena de indignación y sospecha.  Creemos que más allá de los argumentos que se puedan esgrimir en cuanto a los derechos de imagen del testigo que aparece en el documental, existe una campaña para limitar la exhibición de la película e impedir que más mexicanos sean testigos de este poderoso documento.  Parece por demás irónico que una película que desnuda y transparenta los vicios e ineficiencias del sistema de justicia, ahora sea víctima de ese mismo sistema de justicia que a todas luces es disfuncional.
La película se mantendrá en exhibición hasta que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, señalada como autoridad responsable dentro del amparo, no le comunique a Cinépolis, como distribuidor de la película y titular de la autorización, de la decisión de acatar la orden de suspensión provisional girada por la Juez Blanca Lobo Domínguez.  Hasta donde tenemos entendido, la Subsecretaría de Normatividad de la Secretaria de Gobernación acaba de anunciar que tras haber recibido la notificación de la Juez, ha determinado analizar la solicitud de prohibición de la película y que pedirá a la Juez una aclaración de sus alcances.  En consecuencia, la película se mantiene en exhibición hasta que no se nos notifique formalmente de la suspensión de autorización. 
Gracias al apoyo de muchísima gente, incluyendo los medios de comunicación, “Presunto Culpable” se ha convertido en más que una película.  “Presunto Culpable” es un movimiento ciudadano que exige un mejor sistema de justicia para nuestro país.  Para ello es necesario que haya transparencia y rendición de cuentas.  Con la orden de suspensión de exhibición que fue girada ayer por una integrante del Poder Judicial se hace evidente que coartando la libertad de expresión no es el camino para lograr estos objetivos. 

3.
Comunidado del Consejo de la Judicatura
México, D.F, 03 de marzo de 2011
DGCS/NI:08/2011

Nota informativa: 

La juez Decimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, precisa el estado que guarda el juicio de amparo indirecto 171/2011. 
El 1 de marzo de 2011 se admitió la demanda de amparo indirecto que promovió el quejoso en contra de la autorización emitida por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Secretaría de Gobernación para la exhibición del documental “Presunto Culpable”. 
En su demanda el quejoso, quien tenía una relación de parentesco con la persona asesinada a la cual se hace referencia en la película, alega que nunca dio su consentimiento para ser filmado, mucho menos para aparecer en una película. En otras palabras, sostiene que nunca autorizó a los creadores de la cinta para que su imagen fuera exhibida públicamente.  Esto, en su opinión, transgrede su derecho fundamental a la intimidad y a la vida privada.  
Considera que la exhibición de su persona ante el público, lo desacredita, lo cual atenta contra su dignidad humana.  
Además, sostiene que los productores nunca le informaron que la película sería estrenada y que, desde el inicio de su exhibición, ha sido sometido a un proceso de desprestigio en su persona al grado de haber sido objeto de vejaciones, humillaciones, burlas y amenazas por parte de personas que no conoce y que lo ofenden incluso en la vía pública.    
Esta situación genera que el tema a analizar sea un caso de eventual colisión de derechos. Esta es la cuestión de fondo, pues, por una parte, se tiene que ponderar el derecho del quejoso a la intimidad y a la vida privada; y, por otra, se tiene que considerar el punto de vista de los creadores y productores de la película, así como de todos aquellos interesados en verla y recibir la información que de la misma se deriva.   
De ahí que se decidiera conceder la suspensión provisional de la exhibición de la película. Mantener la exhibición de la película podría significar la perpetuación del daño causado a los derechos del quejoso. Esto último en aplicación estricta de las normas establecidas en la Ley de Amparo. 
La suspensión provisional no termina el asunto. La película no ha sido censurada. La decisión judicial está encaminada a proteger los derechos fundamentales del quejoso en lo que se decide, en el marco de las disposiciones que existen para defender los derechos de todos, cuál de los derechos enfrentados debe prevalecer.  
El día 11 de marzo de este año, en aplicación de la Ley de Amparo, la juez resolverá si la decisión será definitiva o no.  
La propia Ley de Amparo establece reglas que posibilitan que, cualquier persona involucrada en el litigio que esté inconforme con la suspensión decretada, presente un recurso de queja para que un tribunal superior a la juez decida al respecto.