Derecho a la vida

No basta con pronunciarse a favor de la vida si el Estado no genera las condiciones mínimas de desarrollo y bienestar para sus ciudadanos.

 En los últimos días hemos escuchado argumentos a favor y en contra de despenalizar el aborto; políticos, académicos, representantes populares, comunidad científica, hombres de leyes, organismos de derechos humanos, todos han dado su definición de vida y de cuándo empieza. Se han pronunciado, también, por respetar el derecho de la mujer a decidir.
Sin embargo, el derecho a la vida no debiera limitarse a un debate jurídico, científico o moral, mucho menos político, sobre en qué momento inicia la vida o quién puede y por qué interrumpirla; tampoco tendría que ser un tema que polarice a la sociedad, hay que ir más allá y reflexionar por qué defendemos la vida, para qué y qué tipo de vida queremos.
El derecho a la vida implica calidad, el tener asegurados otros derechos como la educación, salud, empleo, seguridad, justicia y una vivienda digna.
Los legisladores y gobernantes están obligados a garantizar esos derechos y a estudiar las causas de por qué una mujer decide interrumpir un embarazo; generalmente, su determinación está ligada a condiciones de pobreza, abuso o abandono.
Hay que defender la vida, sí, pero con calidad. No basta con pronunciarse a favor de la vida si el Estado no genera las condiciones mínimas de desarrollo para sus ciudadanos.
En este tema hay muchas verdades, argumentos válidos para despenalizar el aborto y otros, igual de convincentes, para proteger la vida desde la concepción.
Interrumpir un embarazo es una decisión personal, producto de una valoración de circunstancias que pueden ser médicas (malformaciones genéticas, riesgo de vida del producto o de la madre), sociales y económicas (violación, desempleo, pobreza o abandono), pero la mujer o la pareja no viven aislados, están insertos en una sociedad, son ciudadanos de un país, con un gobierno, con leyes e instituciones que tutelan sus derechos y obligaciones.
Por eso este debate incluye al Estado, que tiene que preguntarse cómo está respondiendo a las necesidades de información, bienestar, salud reproductiva, educación, empleo y desarrollo de sus habitantes.
¿Y los legisladores, qué alternativas le dan a la mujer que decide interrumpir un embarazo porque las políticas públicas no son suficientes para garantizar calidad de vida?, ¿la condenan a practicarse abortos clandestinos poniendo en riesgo su vida o a ir a prisión porque no quiso un producto de una violación o porque no tiene un empleo para mantenerlo?
O una mujer que recurre a un método de fecundación in vitro para poder tener hijos, ¿tiene que ir a la cárcel si vive en Baja California?
Las cifras nos muestran que la sociedad mexicana no está en contra de la vida: 63 mil interrupciones  legales del embarazo se han practicado desde 2003 en nuestro país.
Este debate es un tema pendiente en nuestra sociedad y surge cada que un Congreso local, en este caso Baja California y San Luis Potosí, prohíbe y penaliza el aborto o protege la vida desde el inicio de la concepción.
El tema se vuelve polémico y hasta político-electoral, pero sigue pendiente el debate de fondo, porque el que vimos en días pasados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se limitó a una interpretación meramente legal. Se condena a los ministros o se espera mucho de ellos, cuando ahí sólo se determinó la facultad de los estados para legislar sobre los temas que no están expresamente determinados por la Constitución Federal.
La vida se respeta cuando se garantizan todos los derechos que permiten el desarrollo de un país, la convivencia, la paz social y el bienestar de los ciudadanos.
  *Subdirectora editorial de Excélsior
 fabiola.guarneros@nuevoexcelsior.com.mx
Twitter: @Fabiguarneros

Publicado el 2 de octubre en Excélsior. Les dejo la liga:
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=771993