La naturaleza del oficio periodístico obliga a jerarquizar. Hay días en que la agenda informativa se satura de acontecimientos tan relevantes como escandalosos, que por necesidad alguno queda injustamente relegado.
El fraude de Oceanografía, la suspensión de buena parte de la Línea 12 del Metro, la segunda muerte de Nazario Morenoy el arresto del líder de las autodefensas, Hipólito Mora, acapararon reflectores y atención mediática, dejando en un segundo plano un asunto igual o quizá más importante, por lo que significa para una agenda que sigue pendiente: la educación.
El pasado lunes, el gobierno y el Congreso de Oaxaca acordaron con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no cumplir con el plazo establecido para que las entidades federativas armonizaran su legislación local con la reforma constitucional educativa —que venció el pasado miércoles— y anunciaron que se realizará una consulta para que cualquier nueva norma que se establezca en la materia cuente con el aval de la Sección 22 del sindicato magisterial.
Se trata, en términos políticos y prácticos, de un desafío a la Federación, de un desacato a una obligación establecida por los poderes de la nación y que no debiera estar sujeta a negociaciones ni regateos. El gobernador Gabino Cuéafirmó que la intención es que Oaxaca cuente con una ley que responda a las necesidades particulares del estado. Entiéndase por esto, claro, las necesidades de la CNTE, para todo efecto práctico la verdadera dueña de la educación en esta entidad (y que para hacer valer esta posición mantiene un escuálido plantón en el Monumento a la Revolución que cada tercer día amenaza con “reforzar”).
¿Por qué esta noticia no ha podido competir en términos de escándalo con los otros hechos que reseñábamos al principio? Me atrevo a pensar que porque ignorar la ley a conveniencia ya es mecánica nacional. No se trata de cinismo (y vaya que sobran razones para definirlo así) sino de una concepción asumida de que las normas requieren empujoncitos para hacerse valer.
Uno de ellos se dio el pasado 3 de diciembre, cuando se realizó la ceremonia de presentación y firma de los convenios para la implementación de la Reforma Educativa, suscritos por los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes se comprometieron a “observar las disposiciones normativas que emita la SEP en materia del Servicio Profesional Docente” y “cumplir los elementos de normalidad mínima de cada ciclo escolar”, entre otros puntos.
Dejando de lado la retórica habitual en este tipo de ceremonias, lo que en términos concretos se acordó en aquella reunión fue… el cumplimiento de la ley, como si ésta no fuera obligatoria por definición.
El discurso en aquel momento del propio secretario de Educación, Emilio Chuayffet, fue enfático en subrayar lo que en otro contexto sería una obviedad: “La reforma no es, pues, pieza retórica o puro pensamiento, es mandato, es acción, es verbo. No queremos leyes de letra muerta ni prácticas gobernadas por la fuerza”.
Habida cuenta de lo ocurrido esta semana en Oaxaca, el chiste se cuenta solo. De hecho, como lo saben los lectores capitalinos que lo padecieron con mucha mayor intensidad el año pasado, la CNTE se ha encargado de convertir precisamente en letra muerta la primera de las reformas estructurales, esta vez con la complicidad de las autoridades y legisladores de Oaxaca, la cual ni siquiera les granjeó credibilidad con la disidencia magisterial, que de cualquier forma se preparó para evitar un albazo legislativo, acordando acciones como suspensión de clases, bloqueo de carreteras y acordonamiento del Congreso local. La especialidad de la casa, pues.
En su propósito de torpedear la Reforma Educativa, la CNTE se ha visto favorecida por la falta de acción de las autoridades federales y locales, que ni poniéndose de acuerdo entre ellos para cumplir la ley han logrado ponerle un hasta aquí a una dirigencia gremial que impone sus condiciones para decidir, con base en sus prácticas sindicales y no por fundamentos pedagógicos, quién ocupa una plaza y quién asciende en el escalafón. Ni siquiera poniéndose de acuerdo lograrán sancionar a quienes dejan sin educación a los niños, pese a contar ya con los instrumentos legales para aplicarlas.
Como dice el refrán: si no puedes con el enemigo, únete a él. Ya que es imposible someter a la disidencia magisterial al imperio (ja, ja) de la ley, desechemos la insensata idea de que Oaxaca armonice sus normas educativas con las federales y mejor ya de una vez oaxacanicemos el resto del país: que todas las leyes que se hagan respondan a las necesidades particulares de cada quien, y ya luego pongámonos de acuerdo para aplicarlas sabiendo que de todas formas serán letra muerta. Y si a alguien denuncia violaciones, tenemos de nueva cuenta ya el desempolvado recurso de crear comisiones especiales de investigación.
Al cabo que en esos menesteres sí estamos más que bien educados.
Fabiola Guarneros Saavedra-Oaxacanizar
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