Hay palabras que pesan demasiado y son incómodas, pero no
son las frases ni los señalamientos los que crean inestabilidad en el país;
ésta se alimenta de la impunidad, de la corrupción y de la desigualdad social.
Las palabras transformadas en acusaciones, sin pruebas,
generan encono, resentimiento, confrontación; pero son los hechos y las
omisiones lo que llevan al país a perder el estado de derecho.
En los últimos días hemos visto al Poder Ejecutivo
cuestionar la actuación del Poder Judicial. El presidente Felipe Calderón ha
pedido evaluar el desempeño de los jueces y ha señalado que algunos fomentan la
impunidad y la corrupción.
La Suprema Corte se ha defendido y su presidente, Juan Silva
Meza, le ha pedido que sustente los presuntos actos de corrupción. Apenas, el
martes, el Consejo de la Judicatura Federal dijo a Calderón que cuestionar el
trabajo de los jueces por consigna y sin pruebas atenta contra la estabilidad
nacional.
En nuestro tránsito hacia la democracia hemos dejado atrás
Poderes autoritarios y otros sumisos; estamos construyendo el equilibrio, el
sistema de frenos y contrapesos, por eso hoy vemos a dos de ellos ventilar sus
diferencias en público, expresar sus desacuerdos y lanzarse acusaciones.
¿Cuál debiera ser el debate de fondo? Sin duda, la revisión
de nuestro sistema de justicia. Cuestionarnos cuáles son las deficiencias
perennes. ¿Es obsoleta la legislación que tenemos? ¿Qué es lo que falla, la integración de
expedientes que se entregan a la autoridad judicial o el criterio de los
jueces?
El presidente Calderón
tiene razón cuando dice que está cansado de la actuación de los jueces:
“Uno los agarra y los agarra (a los delincuentes) y los sacan y los sacan”.
Pero también los jueces están en lo correcto cuando señalan
que no todos los expedientes llegan bien integrados ni con las pruebas
suficientes.
Pero entre una y otra verdad, los hechos le dicen al
ciudadano que algo anda mal, que no hay castigo para los delincuentes ni existe
la justicia en México.
Los hechos: liberación del asesino confeso de Rubí, hija de
la activista Marisela Escobedo, asesinada en Chihuahua; la de Jorge Hank Rhon,
a quien se le encontraron 88 armas en su casa, porque no se integró bien el
expediente; Greg Sánchez abandona la prisión porque PGR no entregó pruebas
suficientes para acreditar lavado de dinero y delincuencia organizada, y lo
mismo pasó con los 11 presidentes municipales de Michoacán detenidos por
presuntos vínculos con el narcotráfico.
Uno de los responsables del incendio del Casino Royale, en
Monterrey, ya había sido detenido por robo con violencia y fue liberado por un
juez, y Néstor Moreno Díaz, ex funcionario de CFE acusado de enriquecimiento
ilícito, obtuvo un amparo para no ser encarcelado.
A Antonio Zúñiga, el presunto culpable, lo condenaron a
prisión por la penosa actuación del Ministerio Público y del juez, a pesar de
ser inocente. Y como éstos, hay miles de casos.
Son los resultados en materia de procuración e impartición,
los que señalan las deficiencias de nuestro sistema de justicia y los que
generan la inestabilidad.
El llamado es a revisar dónde está la falla e involucra al
Poder Legislativo, que en este intercambio de acusaciones entre Ejecutivo y
Judicial guardó silencio.
La solución está en la corresponsabilidad.
Aquí la liga:
Publicado el domingo 11 de septiembre en Excélsior
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